El Defensor del Pueblo de la Provincia de Corrientes, César A. Vallejos Tressens, presentó ayer una acción de amparo contra el Estado Nacional y la Dirección Nacional de Vialidad para frenar la aplicación de la Resolución N° 45/2016, que hace unas semanas incrementó el valor del peaje ubicado en la Ruta 12, a la altura de Riachuelo e Ituzaingó.
El recurso promovido por Vallejos Tressens ante la Justicia Federal, tiene el patrocinio del letrado, Juan David Castello, con el objeto de obtener la declaración de "inconstitucionalidad" e "ilegitimidad" de la Resolución N° 45/2016 de la Dirección Nacional de Vialidad y en consecuencia se "ordene al Estado Nacional que no extienda los efectos de dicha resolución a las estaciones de peaje de Riachuelo y de Ituzaingó" que se encuentran en el territorio de la provincia de Corrientes.
Entre otros fundamentos para cuestionar la resolución mencionada, el Defensor del Pueblo sostiene que es "incoherente que el Poder Ejecutivo Nacional por un lado declare el Estado de emergencia hídrica (por Decreto N° 266/2016 ) y por el otro disponga injustificables incrementos tarifarios que afectan a los productores, trabajadores y empresarios de una de las provincias asoladas por las inundaciones".
En la presentación judicial sostiene también que con este "fuerte aumento de la tarifa del peaje, dicho precio pasa a convertirse en un verdadero impuesto al tránsito, de mero carácter recaudatorio, sin una real contraprestación de servicios para el usuario vial, generando así mayores costos de transporte y a la vez más inflación que impacta en forma negativa e ilegítima en la economía de productores, trabajadores y empresarios correntinos".
Por último, afirma que la referida resolución "lesiona los derechos constitucionales a trabajar, educarse, ejercer toda industria lícita, comerciar y transitar libremente".

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