Así lo dan a conocer en el diario Época de esta provincia del día martes 26, donde publican una nota que titulan "Grave Situación en Ituzaingó porque el Municipio no cumple con la Ley", que a continuación transcribimos textualmente.
Desde el inicio de la nueva gestión, la Comisión Directiva del Consejo Profesional de Ingeniería, Arquitectura y Agrimensura de la provincia de Corrientes implementó un proceso de mecanismos administrativos que, en defensa del matriculado, permitiera sostener en toda la provincia algo tan simple pero a la vez tan difícil como hacer cumplir la ley.
Desde pequeños, nuestras maestras, profesores, nuevos maestros, otros profesores académicos y mentores y, por supuesto, la siempre presente figura de nuestros padres nos han enseñado que el cumplimiento de la ley nos permite tener las mismas oportunidades a todos. La ley, en su primario propósito, no nos iguala solamente en cuanto a nuestros derechos sino, sobre todo, en cuanto a las obligaciones que compartimos los individuos para poder vivir en una sociedad armonizada. Y esas obligaciones de los otros, y propias a la vez, nos protegen, garantizándonos nuestros propios derechos, en lo más elemental de la vida del hombre social. Somos lo que hacemos, no ya lo que decimos. La integridad de un individuo, aquello que lo hace respetuoso de la comunidad en la que vive, se da en las actitudes que tiene con aquellos pares que conviven con él. Una actitud social básica, entonces, debe ser que cumplamos la ley. Si todos cumplimos la ley tendríamos los mismos derechos, la obligación de cumplir nuestros deberes y las mismas oportunidades. Si la ley se cumpliera todos seríamos iguales. Algo tan simple. Pero en nuestra actualidad, en nuestro cotidiano vivir, lamentablemente existen sobrados malos ejemplos de individuos que creen estar por encima de la ley debido a su cargo y que perjudican a todo el tejido social. La ilegalidad no asombra ni escandaliza. Por eso tenemos tanta desigualdad. Y si el incumplimiento se da por parte de aquellos que deben velar por su aplicación, como autoridad, entonces su uso se reducirá considerablemente. ¿Para qué voy a cumplir la ley si los que me tienen que controlar tampoco lo hacen? Ésa es la ecuación más peligrosa del tiempo que nos toca vivir. Al no cumplir la ley entonces, no todos somos iguales: hay abuso, privilegio, inequidad, prebenda, clientelismo, negocios, kioscos profesionales y, por supuesto, privación de derechos. Es evidente que, para mantener su conciencia tranquila, se aferran a cuanto garabato leguleyo, chicana administrativa o interpretación personal quieran. Pero en el fondo, no son más que simples incumplidores de la ley, disfrazados de funcionarios públicos, aquellos que, con la confianza de la gente, han llegado a ejercer un cargo y en lugar de defender los intereses de todos, defienden la gestión irresponsable, bajo la atenta ignorancia del pueblo al que no le dicen toda la verdad, se la acomodan, para que suene casi verdadera.

Esto, en mayor o menor medida, es lo que sucede en la ciudad de Ituzaingó, en nuestra querida provincia. Sin entrar en el aspecto legal o normativo, algo que hemos aprendido todos, en algún momento de nuestra educación, es que el derecho positivo argentino está organizado sobre la base de la Constitución Nacional. Todas las restantes normas (leyes, decretos y ordenanzas) deben ajustarse a ella. Por debajo de la Constitución Nacional están las leyes nacionales o provinciales, y finalmente, las ordenanzas municipales deben subordinarse a la legislación local. Para que se entienda, una ordenanza es un acto normativo a través del cual se expresa el Concejo Municipal para el gobierno de su respectiva sección de provincia en temas que revisten interés general y permanente para la población y cuya aplicación y cumplimiento es de carácter obligatorio desde su publicación. Simple. Básico. Pero aun así, sin que pueda entenderse, existen aquellos que no comparten esto. Haciendo uso de capacidades interpretativas que envidiaría hasta el propio Vélez Sarsfield, le otorgan a un Municipio la capacidad de aceptar o no lo que una ley provincial establece. Si se refrenda, se hace, y si no, no. Y esto es erróneo. El Municipio no está para adherirse o no, está para cumplir y hacer cumplir. Es por ello que los profesionales de Ituzaingó están muy indignados por la situación que están pasando. Porque el Municipio de esta ciudad no los protege en las obras de construcción, para dar un ejemplo, al no exigir los trámites correspondientes para legalizar dicha obra y evadir lo que la ley exige. Esto implica, no solamente poner en peligro el ejercicio profesional de los matriculados de la ciudad en beneficio de aquellos que no lo son, sino también, indiscutiblemente, supone poner en riesgo a la sociedad en general. La ley establece, según corresponda, que todas las actuaciones profesionales de los egresados de carreras que el Consejo Profesional nuclea deben encontrarse registradas en el mismo. El propósito no es solamente proteger al profesional actuante sino tender al bien común, último fin de todo profesional, de manera tal de que cualquier ciudadano sepa que la persona que contrató está habilitado para realizar la tarea encomendada y que se hace responsable de la misma, a fin de que, no solamente se promueva un buen servicio profesional y se dignifique la profesión, sino también, se promueva la igualdad de oportunidades y honorarios entre los mismos matriculados. Otra vez, simple. Básico. En un mercado de esta naturaleza, en que todos los actores tienen igualdad de obligaciones y oportunidades, el único que gana, es el consumidor final. Cualquiera que haya tenido la materia economía en la escuela secundaria puede interpretar esto.

Al no cumplir la ley entonces, no todos somos iguales: hay abuso, privilegio, inequidad, prebenda, clientelismo, negocios, kioscos profesionales y, por supuesto, privación de derechos.
Al no cumplir la ley entonces, no todos somos iguales: hay abuso, privilegio, inequidad, prebenda, clientelismo, negocios, kioscos profesionales y, por supuesto, privación de derechos.

Entonces, si algo es tan básico, tan simple, y encima está ordenado por ley, ¿por qué la resistencia a cumplirla? ¿Por qué resulta más caro para el que está construyendo su casa, por dar un ejemplo? Ni el más irracional de los análisis podría resistir esto. No solamente no es más caro, sino que si el trabajo está bien hecho, el consumidor final abarata costos en el tiempo, mejora su calidad de vida, ya que el profesional está para eso, para resolver y satisfacer sus necesidades, en este ejemplo, habitacionales. El individuo común está mal informado a propósito, a fin de que desconozca los beneficios de la utilización de un profesional. Lo peor de todo, es que ponen en contra de serios y destacados profesionales a toda la población, que cree que éstos últimos, queriendo simplemente cumplir la ley, les cobran o facturan más de lo debido. No se entiende cómo un gobierno puede ir en contra de sus propios electores. Debe haber una o más razones de extremado peso para que esto ocurra. El Consejo fue cumpliendo todos los pasos administrativos que correspondían realizar, con cautela pero con firmeza, esperando que la reacción del Municipio fuera la correcta y evitar el enfrentamiento innecesario, como corresponde a dos instituciones que deben velar por el interés común por encima de sus intereses particulares. Pero aún después de todos los esfuerzos, lo único que nos queda es entender la decepción y la indignación de los profesionales de esta ciudad y proceder por las vías legales para defender los derechos de nuestros matriculados. Porque esta desidia municipal también permite el ingreso de profesionales que no están habilitados, personas que construyen sin tener ni siquiera un título o constructores de otras provincias o incluso países que le quitan el trabajo a los locales, sin ninguna garantía de su accionar.

Ya hemos iniciado las gestiones jurídicas y administrativas para corregir esta absurda situación. No nos gusta convertirnos en cazadores leguleyos, no somos protagonistas de esas series de televisión en las que todo se resuelve en tribunales. Intentamos explicarles a los funcionarios, intentamos hablar con ellos, hicimos una presentación y fue aun peor. En lugar de resolver el problema adoptaron la actitud de hacer lo que se les dé la gana, como si eso fuera ejemplo para una sociedad que necesita de políticos firmes que reconozcan, demuestren y vivan el liderazgo social que tanto se necesita. No es nuestro estilo ser confrontativos, pero tampoco ser pusilánimes y quedarnos de brazos cruzados. Llegaremos con esto hasta las últimas consecuencias para defender el trabajo y el respeto a nuestros profesionales matriculados. De lo contrario estaríamos apañando una forma de gestión que, lamentablemente, hace mucho que nuestro país vive. Como dice el tango, “es lo mismo el que trabaja, noche y día como un buey, que el que vive de los otros, que el que mata que el que cura o está fuera de la ley”…dejemos de vivir en un cambalache.

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